Quién podrá ser inversor acreditado en el crowdfunding

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Las plataformas de crowfunding hace años funcionan como un punto de encuentro entre inversionistas y promotores de proyectos, aprovechandose de las ventajas de internet y la escasa regulación que ha existido hasta ahora.

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Entre los motivos que impulsaron el crowfunding están la crisis económica  que limita el acceso al financiamiento bancario de ciertos agentes o proyectos, y el funcionamiento del libre mercado, que ha ido abriendo paso a esta banca que opera en las sombras.

La Ley de Fomento de Financiación Empresarial

El crowfunding en España, no se había regulado años antes, y ahora, con el fin de dar mayores garantías a los inversionistas ante el riesgo, se ha puesto en marcha la Ley de Fomento de Financiación Empresarial, que permite el financiamiento participativo y pone ciertos requisitos a los inversores, dependiendo de los importes a invertir por proyecto.

En esto se definió que tenían que existir los inversionistas acreditados y no acreditados, poniendo límites de inversión a estos últimos. La ley exige que los promotores de proyectos publiquen información clara sobre los riesgos de sus proyectos, aunque ninguna plataforma de crowfunding está obligada a dar certezas o comprobar la veracidad de la información que se publique por parte de los promotores de proyectos.

Con este escenario tan asimétrico en materia de información, el riesgo que asumen los inversionistas es siempre muy alto, por ello la norma prohibe que se invierta de modo automático si no se es un inversionista acreditado, ya que no hay ninguna garantia de retorno por parte de las plataformas de crowfunding hacia el inversor.

España no es el único país que se ha preocupado de regular este tipo de financiamiento, lo han hecho de igual modo varios otros países de la UE con sus normas particulares cada uno.

Cómo ser un inversor certificado

Para que los inversionistas obtengan su acreditación como inversores, deberán ser empresas o inversionistas institucionales que tengan activos de más de 1 millón de euros, con cifras de negocios que superen los 2 millones de euros o recursos propios superiores a los 300.000 euros.

También podrán acreditarse las personas físicas o jurídicas con niveles de renta que superen los 50 mil euros anuales o tengan un patrimonio propio mayor a los 100.000 euros.

Los inversores acreditados, pueden invertir sumas muy superiores a las que tienen permitido invertir los inversores no acreditados. Los no acreditados pueden invertir como máximo 3000 euros por proyecto y 10.000 euros por inversiones totales en un conjunto de plataformas. Adicionalmente, los inversionistas no acreditados tienen que firmar un documento antes de adquirir compromisos de pago, donde admitan conocer los riesgos de invertir en esta modalidad.

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Esta ley es supervisada por la CNMV, quedando facultado para intervenir el Banco de España en todo lo que tenga que ver con intermediación de préstamos. Con esto el libre mercado pierde sentido, y con seguridad el mercado negro de crowfunding, ya se está desarrollando en plataformas privadas o secretas donde ni el gobierno ni el banco puedan intervenir. Los inversionistas siempre han sabido que corren riesgos, y estas regulaciones lo único que hacen es estorpecer la gestión de sus negocios bajo la excusa de darles mayor seguridad ante el riesgo, cuando el verdadero sentido de la ley parece ser en realidad, detectar el lavado de dinero.

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